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El sueño de las Grandes Ligas también tiene derechos

Wed, 02 Sep 2026 00:19:29 GMT

En la República Dominicana, el béisbol no es solamente un deporte. Es una actividad económica, una fuente de empleo, un elemento de identidad nacional y, para miles de niños y adolescentes, la posibilidad de transformar el futuro de sus familias.

Pero ese sueño también puede colocar a los prospectos en situaciones de vulnerabilidad. Contratos que no comprenden, promesas de firma que nunca se cumplen, intermediarios sin identificar, entrenamientos excesivos, lesiones desatendidas, condiciones inadecuadas de alojamiento, abandono escolar o decisiones tomadas sin la participación informada de los padres son algunos de los riesgos que pueden presentarse durante el proceso de formación.

E l Decreto núm. 601-26 , dictado el 26 de agosto de 2026, aprueba el Reglamento para la Supervisión del Béisbol Profesional y Recreativo y de las Academias, Ligas y Programas de Desarrollo en la República Dominicana. Su propósito es ordenar el sector, preservar la integridad deportiva y proteger los derechos de quienes participan en él.

La importancia de la norma radica en que ya no contempla el desarrollo del talento únicamente desde la perspectiva deportiva. Lo vincula con la dignidad, la salud, la educación, la seguridad, la transparencia contractual y el interés superior de los menores de edad.

¿A quiénes se aplica el nuevo reglamento?

El alcance del decreto es amplio. Comprende a la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol y, dentro de las actividades sujetas a su supervisión, a:

ligas y equipos;
jugadores profesionales y recreativos;
prospectos y atletas en formación;
academias y programas de desarrollo;
agencias de jugadores;
representantes e intermediarios;
entrenadores;
árbitros;
scouts o evaluadores de talento; y
demás personas físicas o jurídicas vinculadas al sistema de béisbol.

La autoridad encargada de aplicar el reglamento es la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, órgano funcionalmente desconcentrado del Ministerio de Deportes y Recreación. Su estructura incluirá una Dirección Técnica y una Dirección de Regulación del Béisbol.

La primera tendrá responsabilidades relacionadas con infraestructura, academias, entrenamiento, seguridad y dopaje. La segunda administrará el registro y la supervisión administrativa de los participantes del sector.

Un Registro Nacional para saber quién es quién.

Uno de los instrumentos centrales del decreto es el Registro Nacional del Sistema de Béisbol. Este servirá para la inscripción, certificación, verificación y seguimiento de ligas, equipos, jugadores, academias, agencias, representantes, intermediarios, entrenadores, árbitros, scouts y demás participantes.

Las personas registradas deberán mantener actualizada su información y comunicar cambios relevantes sobre domicilio, representantes, directivos, personal técnico, instalaciones, seguros, programas deportivos y relaciones contractuales.

Esto puede ayudar a reducir una de las mayores dificultades que enfrentan las familias: no saber con precisión quién está detrás de una academia, quién representa verdaderamente al jugador, qué calidad posee un intermediario o dónde reclamar cuando surge un problema.

No obstante, el registro no sustituye las licencias, permisos o autorizaciones que deban otorgar otras instituciones. Estar inscrito ante el Comisionado tampoco elimina las obligaciones laborales, sanitarias, educativas, municipales, migratorias, tributarias o de protección de menores que correspondan.

Los derechos de los atletas dejan de ser una cuestión implícita.

El artículo 43 del reglamento reconoce expresamente varios derechos de los atletas vinculados a academias. Entre ellos se encuentran:

Recibir un trato digno, justo y no discriminatorio.
Entrenar en condiciones seguras, saludables y adecuadas a su edad y desarrollo.
Acceder a atención o asistencia médica según la actividad y la normativa aplicable.
Recibir información clara sobre los programas de entrenamiento, las reglas y las medidas de seguridad.
Contar con representación y asistencia conforme al ordenamiento jurídico.
Ser protegidos frente a prácticas abusivas, engañosas, discriminatorias o contrarias a su integridad física, emocional o moral.
Recibir educación básica y media conforme al sistema educativo nacional.

Este reconocimiento es importante porque permite evaluar la relación entre una academia y el atleta más allá del rendimiento deportivo. Un prospecto no pierde su condición de persona, estudiante y sujeto de derechos por encontrarse en un proceso de formación o reclutamiento.

Protección reforzada para los menores de edad.

Una parte sustancial del Decreto núm. 601-26 está dedicada a los niños y adolescentes. Las actividades de formación, entrenamiento, evaluación, competición, captación o reclutamiento deberán respetar su interés superior, dignidad, salud, educación, integridad física y emocional y desarrollo progresivo.

La participación de un menor en academias, equipos, programas, evaluaciones o actividades de reclutamiento requerirá la autorización de sus padres, madres, tutores o responsables legales, según corresponda.

Sin embargo, una firma de autorización no permite renunciar a sus derechos ni legitima cualquier condición. Las organizaciones deberán adoptar medidas para prevenir:

abuso o explotación;
acoso, violencia o maltrato;
discriminación;
negligencia;
sobreentrenamiento;
abandono escolar; y
cualquier práctica que comprometa la salud, seguridad o desarrollo del menor.

El decreto también dispone que los horarios, cargas de entrenamiento, competencias y evaluaciones deben organizarse de manera razonable para no afectar injustificadamente la educación, el descanso, la salud y el desarrollo personal.

La posibilidad de alcanzar una firma profesional no debe construirse a costa de privar al niño o adolescente de educación, atención médica o protección familiar.

Nuevas obligaciones para las academias.

Todas las academias que operen en el territorio nacional deberán inscribirse en el registro correspondiente, sin importar su naturaleza jurídica. Además, tendrán que mantener sus instalaciones en condiciones apropiadas de seguridad, higiene, salubridad, funcionalidad y mantenimiento.

El reglamento exige que cuenten con un comité de salud, seguridad y bienestar para vigilar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con alojamiento, personal, entrenamiento, atención médica, derechos de los atletas, protección de menores, educación y prevención de abusos.

Cuando una academia ofrezca alojamiento, alimentación, transporte u otros servicios, deberá garantizar condiciones adecuadas de:

habitabilidad y ventilación;
alimentación y nutrición;
descanso;
higiene;
seguridad física;
control de acceso;
respuesta ante emergencias;
supervisión; y
trato digno.

Las academias independientes que alojen atletas también deberán ofrecer programas de acompañamiento psicosocial. Si reciben menores, tendrán que asegurar su acceso efectivo al sistema educativo dominicano.

Estas obligaciones permiten que una inspección no se limite a verificar el terreno de juego. También podrá examinar dormitorios, baños, comedores, vestidores, transporte, protocolos de emergencia y otros espacios vinculados con la vida cotidiana del atleta.

Salud, lesiones y retorno seguro al juego

Las ligas, equipos, academias y programas deberán adoptar medidas razonables para proteger la salud de los atletas y reducir los riesgos propios de la actividad deportiva.

El reglamento contempla evaluaciones médicas, controles de aptitud física, prevención de lesiones, atención inicial de emergencias, seguimiento médico y criterios para un retorno seguro al entrenamiento o la competición.

En el caso de menores de edad, las cargas físicas tendrán que adecuarse a su edad, crecimiento y madurez deportiva. Esto es especialmente relevante frente a prácticas que exponen a niños o adolescentes a intensidades, repeticiones o métodos de entrenamiento incompatibles con su desarrollo.

El artículo 32 también exige que los equipos sujetos al reglamento cuenten con una póliza de responsabilidad civil que cubra daños ocasionados a terceros durante sus eventos deportivos. Esta póliza no debe confundirse automáticamente con un seguro de salud individual del jugador: la cobertura concreta deberá analizarse conforme al contrato, la póliza y las normas aplicables.

Contratos claros y consentimiento informado

Los contratos entre jugadores y equipos sujetos al reglamento deberán depositarse ante la Dirección de Regulación del Sistema de Béisbol para fines de registro.

Como mínimo, tendrán que identificar a las partes, indicar el objeto y duración del contrato, la remuneración o forma de compensación, las obligaciones principales, las causas de terminación y las firmas correspondientes.

Además, deberán contemplar expresamente la remuneración, las prestaciones o beneficios adicionales y, cuando corresponda, la cobertura de salud y los mecanismos de protección frente a los riesgos derivados de la actividad deportiva.

Los contratos, autorizaciones, acuerdos o consentimientos relacionados con representación, entrenamiento, evaluación, promoción, transferencia o contratación deberán redactarse de forma clara y comprensible. Cuando involucren a un menor, tendrá que constar la intervención de sus padres, tutores o responsables legales, sin desconocer la participación progresiva del atleta de acuerdo con su edad y madurez.

Por consiguiente, no debería firmarse un documento en blanco, incompleto, redactado en un idioma que las partes no comprenden o sin recibir una copia. Tampoco debe confundirse una autorización para evaluar a un prospecto con un poder ilimitado para representarlo o disponer de sus derechos económicos.

Agentes, intermediarios y scouts también quedan sujetos a reglas

Las agencias de jugadores deberán registrarse o cumplir el régimen de habilitación que establezca la autoridad. Representantes e intermediarios tendrán que actuar con transparencia, buena fe y lealtad hacia el atleta.

Los scouts o evaluadores de talento también estarán sujetos a registro. Deberán suministrar información clara sobre:

los servicios que ofrecen;
sus condiciones económicas;
la duración de la relación;
los posibles conflictos de interés; y
las consecuencias de los contratos o actuaciones en que participen.

Cuando intervengan menores, deberán respetar la participación de los padres o tutores y las normas especiales de protección.

El reclutamiento y la evaluación de prospectos no podrán basarse en prácticas engañosas o abusivas. El reglamento prohíbe promesas o condiciones que induzcan a error sobre las posibilidades reales de contratación, promoción o desarrollo deportivo.

Esto no significa que toda expectativa que no termine en una firma profesional constituya automáticamente una infracción. Será necesario determinar qué se prometió, quién lo hizo, con qué autoridad, qué documentos se firmaron, si hubo pagos y si existió engaño, abuso o incumplimiento jurídicamente relevante.

¿Cómo se podrá reclamar?

La Dirección del Comisionado podrá realizar inspecciones y recibir quejas, denuncias o reportes sobre:

afectaciones de derechos de los atletas;
irregularidades en academias;
condiciones inseguras;
conflictos de interés;
prácticas contrarias a la integridad deportiva; e
incumplimientos del reglamento.

Cuando detecte deficiencias subsanables, podrá otorgar un plazo para corregirlas. Si existe un riesgo grave o inminente para la salud, seguridad, integridad o derechos de los participantes, podrá disponer medidas preventivas temporales y motivadas, como requerimientos de corrección inmediata, limitación de instalaciones, suspensión de actividades específicas o suspensión provisional de registros.

Estas actuaciones deberán respetar el principio de legalidad, la proporcionalidad, el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa. Las decisiones que afecten derechos o intereses deberán estar motivadas y podrán ser cuestionadas mediante las vías administrativas o judiciales que reconozca el ordenamiento jurídico.

La presentación de una queja ante el Comisionado no sustituye necesariamente otras acciones. Según el caso, también podrían existir vías contractuales, laborales, civiles, penales, disciplinarias, administrativas, de protección de menores, de mediación o de arbitraje.

El propio reglamento contempla mecanismos alternativos de solución de controversias y preserva el régimen especial aplicable a determinados contratos de prospectos vinculados a la Liga Dominicana de Verano.

Qué debe conservar una familia si surge un problema

Una reclamación efectiva requiere algo más que relatar lo ocurrido. Es conveniente conservar y organizar:

contratos, autorizaciones y poderes;
copia de documentos de identidad;
comprobantes de pagos o transferencias;
mensajes, correos y conversaciones con entrenadores, agentes o academias;
publicidad y promesas realizadas al prospecto;
informes médicos, diagnósticos, recetas y gastos de tratamiento;
fotografías o videos de instalaciones y condiciones de alojamiento;
calendarios y registros de entrenamiento;
información sobre testigos; y
cualquier queja presentada y la respuesta recibida.

Los hechos deben ordenarse cronológicamente, identificando quién tomó cada decisión y cuál fue el daño ocasionado. Si existe una lesión o situación de riesgo, la prioridad debe ser proteger la salud e integridad del atleta.

Lo que deben hacer ahora las academias y organizaciones

El reglamento no solamente crea oportunidades para reclamar. También obliga a prevenir. Las academias, ligas, equipos, agencias y programas deberían revisar desde ahora:

Su situación registral y documentación corporativa.
Los contratos utilizados con jugadores, familias, entrenadores e intermediarios.
Los protocolos de autorización y protección de menores.
Las condiciones de alojamiento, alimentación, transporte e instalaciones.
Los procedimientos médicos, de emergencia y retorno seguro al juego.
Los canales internos para recibir quejas y reportes.
Las políticas contra el acoso, abuso, discriminación y represalias.
La protección de datos personales, médicos y contractuales.
La prevención y documentación de conflictos de interés.
La preparación del personal para inspecciones y requerimientos de información.

Muchas de las reglas operativas del sistema —incluidos requisitos, procedimientos, vigencia de registros, certificaciones y canales de denuncia— deberán ser desarrolladas posteriormente mediante actos administrativos motivados de la Dirección Ejecutiva. Por ello, las organizaciones deberán prestar atención tanto al decreto como a las resoluciones que se dicten para su implementación.

Una regulación que deberá demostrarse en el terreno

El Decreto núm. 601-26 constituye un avance hacia una supervisión más integral del béisbol dominicano. Reconoce que la formación deportiva debe desarrollarse con transparencia y que los prospectos, especialmente los menores, necesitan protección jurídica, educativa, médica y familiar.

Su verdadera eficacia dependerá de la implementación: registros confiables, inspecciones técnicas, canales accesibles de denuncia, decisiones motivadas y coordinación con las autoridades laborales, sanitarias, educativas, judiciales y de protección de la niñez.

El artículo 61 dispone que el reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Esa publicación será la referencia jurídica para determinar su vigencia, sin perjuicio de los actos complementarios necesarios para hacer operativas varias de sus disposiciones. Los registros y certificaciones anteriores conservarán su validez cuando hayan sido emitidos conforme a las normas vigentes en su momento.

En Proreclamador ayudamos a jugadores, prospectos, familias, academias y organizaciones a revisar contratos, ordenar evidencias, identificar riesgos y determinar la vía adecuada para prevenir o reclamar una afectación de derechos.

Este artículo tiene fines informativos y no sustituye el análisis jurídico de un caso concreto. La vía aplicable dependerá de los hechos, las pruebas, la fecha de la actuación, la naturaleza de la relación y las normas especiales relacionadas.

Nuevo Código Penal dominicano: cambios para personas y empresas

Tue, 01 Sep 2026 23:54:29 GMT

La Ley núm. 74-25 sustituyó el Código Penal de 1884 y fue modificada por la Ley núm. 44-26 antes de su entrada en vigor. El nuevo régimen actualiza las infracciones, refuerza la protección frente a fraudes y daños digitales e introduce una transformación decisiva para el sector empresarial: la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Durante más de un siglo, la República Dominicana aplicó un Código Penal promulgado en 1884. La sociedad, la economía y la tecnología cambiaron radicalmente desde entonces: surgieron las redes sociales, los activos digitales, nuevas modalidades de fraude, estructuras empresariales más complejas y riesgos que el antiguo texto no podía abordar de manera suficiente.

La promulgación de la Ley núm. 74-25 representa, por tanto, mucho más que una modificación de penas. Establece una nueva arquitectura de responsabilidad penal para las personas físicas y jurídicas, redefine conductas tradicionales e incorpora respuestas frente a fenómenos contemporáneos.

Para los ciudadanos, el cambio amplía las herramientas legales disponibles ante hechos que afectan su patrimonio, intimidad, dignidad, integridad o propiedad. Para las empresas y organizaciones, supone la obligación inmediata de revisar sus controles internos, porque determinadas infracciones cometidas desde su estructura pueden generar responsabilidad para la propia entidad.

¿Cuál es el texto vigente del nuevo Código Penal?

El punto de partida es la Ley núm. 74-25, del 3 de agosto de 2025, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11208, del 5 de agosto de 2025. Sin embargo, antes de que concluyera su período de entrada en vigor diferida, varias de sus disposiciones fueron modificadas por la Ley núm. 44-26, del 27 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11254, del 5 de agosto de 2026.

Por esa razón, para conocer el derecho aplicable no basta con consultar la versión original de la Ley núm. 74-25. Debe utilizarse el texto que incorpora las modificaciones posteriores. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó una en la Gaceta Oficial núm. 11257, edición especial del 14 de agosto de 2026.

El Código entró en vigor, con carácter general, el 5 de agosto de 2026. No obstante, los artículos 8, 9, 10 y 11 —que contienen el núcleo del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas— tienen una entrada en vigor diferida de tres meses contados a partir de esa fecha. En consecuencia, su aplicación está prevista para el 5 de noviembre de 2026 , plazo concedido expresamente para que las entidades puedan adecuarse.

No se trata únicamente de aumentar las penas.

El nuevo Código organiza las infracciones en tres categorías: muy graves, graves y leves. También estructura las penas de prisión, multas, penas complementarias y medidas de seguimiento sociojudicial. Para las infracciones muy graves, la prisión mayor puede alcanzar de treinta a cuarenta años; en caso de concurso de infracciones, la acumulación puede llegar hasta sesenta años, dentro de los límites y condiciones previstos por la ley.

Sin embargo, su transformación más relevante no está solamente en la duración de las condenas. El texto incorpora expresamente principios como la supremacía de los derechos fundamentales, la legalidad, la irretroactividad de la ley penal desfavorable, la interpretación estricta y la responsabilidad por una conducta típica, antijurídica y culpable.

Esto importa tanto para quien reclama justicia como para quien enfrenta una imputación. La gravedad social de un hecho no sustituye la necesidad de demostrar, con pruebas, cada elemento de la infracción y la participación atribuida a cada persona.

Conductas que reciben una respuesta más actual.

El Código regula una amplia cantidad de infracciones contra las personas, los bienes, la propiedad, la Administración pública, la seguridad y la confianza pública. Entre las áreas con mayor impacto cotidiano se encuentran las siguientes.

1. Fraudes, estafas y activos digitales

La estafa comprende el empleo de nombres, calidades o maniobras fraudulentas para obtener de una persona la entrega de fondos, bienes, valores, servicios o activos digitales . El Código también regula expresamente la estafa colectiva, la estafa piramidal y la intermediación financiera no autorizada.

La estafa piramidal incluye esquemas que captan dinero o activos digitales —como criptomonedas, tokens o NFT— mediante promesas falsas de rendimiento, sin una actividad económica legítima y demostrable que sustente los retornos ofrecidos. No solamente pueden responder sus organizadores: el texto sanciona también, bajo determinadas condiciones, a intermediarios, promotores o corredores que colaboren con el esquema.

2. Fraude inmobiliario y ventas en planos

La estafa puede considerarse agravada cuando recae sobre un inmueble respecto del cual el responsable carece de derecho o facultad para disponer, o cuando oculta deliberadamente su verdadera situación jurídica.

La reforma de 2026 agregó de manera expresa los casos en que se vende o promete en venta un inmueble en planos y se recibe total o parcialmente el precio, así como la comercialización del mismo inmueble a dos o más personas. Esta disposición ofrece una referencia penal más específica para situaciones que durante años han provocado graves pérdidas a adquirientes y familias.

No todo incumplimiento contractual constituye automáticamente una estafa. Será indispensable demostrar el engaño, la maniobra fraudulenta y los demás elementos del tipo penal. Por ello, cada expediente debe analizarse según sus hechos, documentos, pagos, comunicaciones y circunstancias particulares.

3. Intimidad, imágenes, audios y montajes digitales

El artículo 192 sanciona la difusión ilícita, sin consentimiento y sin interés público legítimo, de audios, imágenes o videos obtenidos en un ámbito privado o bajo una expectativa razonable de confidencialidad, cuando la conducta pueda afectar gravemente la intimidad, la dignidad o la vida privada.

También contempla la creación, publicación o difusión de imágenes, videos o audios falsos o alterados —incluidos los montajes digitales— cuando dañen el honor, el buen nombre, la imagen o la reputación de una persona. Las penas se agravan, entre otros supuestos, cuando el contenido es íntimo o sexual, compromete gravemente la dignidad o se emplea con fines de chantaje, extorsión, venganza, descrédito público o aprovechamiento económico.

Esta regulación resulta especialmente relevante ante el crecimiento de los llamados deepfakes, la suplantación digital y la circulación masiva de contenido manipulado.

4. Medicamentos, alimentos y bebidas adulterados

El Código sanciona la fabricación, expendio o despacho de medicamentos, alimentos o bebidas adulterados, falsificados o que contengan sustancias nocivas para la salud. Además de prisión y multa, pueden ordenarse el cierre del establecimiento y el decomiso de bienes, equipos y maquinarias.

Cuando el consumo causa la muerte o una lesión permanente, la respuesta penal se agrava. Las personas jurídicas también pueden ser sancionadas por estas conductas, lo que incrementa la importancia de la trazabilidad, los controles de calidad y la supervisión de proveedores en los sectores farmacéutico, alimentario y comercial.

5. Propiedad inmobiliaria

El nuevo texto regula la violación de propiedad y la invasión u ocupación de inmuebles urbanos o rurales, públicos o privados. También sanciona a quienes patrocinen, induzcan, promuevan u ordenen la ocupación. En los casos previstos por la ley, una sentencia condenatoria puede ordenar la expulsión del infractor y la confiscación o demolición de mejoras.

La aplicación de estas disposiciones debe distinguir cuidadosamente entre una ocupación penalmente relevante y una controversia civil, registral, sucesoral, contractual o de deslinde. La sola existencia de una disputa sobre un inmueble no convierte necesariamente a una de las partes en infractora penal.

6. Abusos de autoridad y corrupción

El Código incorpora infracciones relacionadas con la violación de derechos por autoridades públicas, la violación de domicilio o correspondencia, el uso excesivo e irracional de la fuerza por policías o militares y diversas conductas contra la Administración pública.

Además, sistematiza infracciones como la corrupción, la concusión, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, el peculado, el conflicto de intereses, las irregularidades en contratos administrativos y los obstáculos ilegítimos a la ejecución de decisiones judiciales. Esta regulación puede tener consecuencias tanto para funcionarios como para particulares y empresas que participen en los hechos.

La gran transformación empresarial: la persona jurídica puede responder penalmente.

El artículo 8 dispone que las personas jurídicas podrán ser penalmente responsables por actos u omisiones punibles de sus órganos, representantes o subordinados realizados en su representación, cuando sean también consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección, control o supervisión de la entidad.

La responsabilidad de la empresa no elimina la responsabilidad de las personas físicas que hayan participado como autores o cómplices. Ambas pueden coexistir. Además, la responsabilidad de la persona jurídica puede subsistir después de su disolución, cese de operaciones o transmisión universal de su patrimonio, y puede extenderse, bajo las condiciones legales, a la entidad que mantenga el control legal o de hecho dentro de una pluralidad de sociedades.

El riesgo empresarial no se limita a una multa. Para las infracciones muy graves o graves, el Código contempla multas, penas complementarias y hasta la disolución legal de la entidad. Entre las penas complementarias figuran la confiscación de bienes, la clausura definitiva o temporal de establecimientos, la inhabilitación para participar en concursos públicos y la revocación definitiva o temporal de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones.

En otras palabras, una contingencia penal puede afectar simultáneamente el patrimonio, la continuidad operativa, la reputación y la capacidad de contratar o desarrollar una actividad regulada.

El programa de cumplimiento ya no puede ser decorativo

El Código reconoce efectos jurídicos a los programas de cumplimiento, prevención de riesgos penales y gobierno corporativo. Su existencia y ejecución efectiva antes del hecho pueden contribuir a excluir o atenuar la responsabilidad, según las circunstancias y requisitos establecidos por la ley. También pueden valorarse la reparación del daño, la comunicación voluntaria a las autoridades y la cooperación eficaz durante una investigación.

Pero un manual genérico, una política sin aplicación o un documento que nadie conoce no bastan. La norma exige que las medidas sean reales, eficaces, medibles, adecuadas al tamaño, actividad y riesgos de la entidad, y que estén debidamente actualizadas.

Entre los componentes mínimos establecidos por el artículo 8 se encuentran:

Una política o código de conducta claro para órganos, representantes y empleados.
La identificación expresa de los ámbitos en los que pueden presentarse riesgos penales.
Controles adecuados para prevenir la comisión de infracciones.
Formación continua en prevención, derechos humanos, igualdad y no discriminación.
Un órgano o departamento con poderes autónomos para supervisar el programa.
Procedimientos financieros y contables destinados a impedir pagos, operaciones o beneficios ilícitos.
Protocolos de actuación y un sistema disciplinario ante incumplimientos.
Canales de denuncia anónima, protección de denunciantes y reglas contra represalias.
Procedimientos claros y eficientes para investigar denuncias.
Revisión periódica del modelo y actualización ante cambios en la organización o en sus riesgos.
Trazabilidad documental.

Para las mipymes, el Código permite que determinadas funciones sean asumidas directamente por el órgano de administración. Sin embargo, esto no significa ausencia de controles: la prevención, la debida diligencia y la supervisión deben aplicarse de forma proporcional a la naturaleza, volumen de negocio y nivel de riesgo de cada entidad.

¿Qué debería hacer ahora una empresa u organización?

El plazo previo al 5 de noviembre de 2026 no debe verse como una simple espera. Es un período de adecuación. Como mínimo, cada organización debería:

identificar las infracciones que podrían producirse según su sector, operaciones y relación con autoridades, clientes, pacientes, usuarios, empleados, suplidores e intermediarios;
revisar quién decide, quién ejecuta y quién supervisa los procesos críticos;
verificar controles de pagos, contrataciones, ventas, manejo de datos, publicidad, calidad y seguridad;
crear o actualizar un canal confidencial de denuncias y un protocolo de investigación;
definir reglas de conservación de documentos y evidencias;
capacitar a directivos y empleados según los riesgos de sus funciones;
revisar contratos y mecanismos de debida diligencia sobre terceros; y
documentar la aplicación efectiva de cada medida.

El objetivo no es producir más papeles. Es poder demostrar que la organización identificó sus riesgos, adoptó controles razonables, los comunicó, los aplicó y reaccionó adecuadamente cuando detectó una irregularidad.

¿Qué debe hacer una persona que entiende haber sido víctima de una infracción?

El primer paso es preservar la evidencia. Dependiendo del caso, pueden ser relevantes los contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta, correos, conversaciones, fotografías, audios, videos, publicaciones, datos de perfiles digitales, certificaciones, informes médicos, títulos de propiedad, comunicaciones con la empresa y los nombres de posibles testigos.

También conviene:

ordenar los hechos cronológicamente;
identificar a las personas y entidades involucradas;
conservar los archivos originales y no limitarse a capturas recortadas;
evitar alterar, editar o difundir innecesariamente contenido sensible;
precisar el daño económico, físico, moral o reputacional sufrido; y
obtener orientación antes de escoger la vía de actuación.

Un mismo hecho puede producir consecuencias penales, civiles, administrativas, laborales, regulatorias o de consumo. La estrategia adecuada no consiste en presentar todas las acciones posibles de manera automática, sino en determinar cuáles proceden, ante qué autoridad, con qué prueba y con qué objetivo.

Un nuevo escenario para reclamar y prevenir.

El nuevo Código Penal cambia la manera en que deben evaluarse los conflictos en la República Dominicana. Para las víctimas, ofrece tipos penales adaptados a fraudes inmobiliarios, esquemas piramidales, activos digitales, daños a la intimidad, productos adulterados y otras conductas contemporáneas. Para las empresas, convierte la prevención penal y el cumplimiento efectivo en elementos centrales de su seguridad jurídica y continuidad operativa.

En Proreclamador ayudamos a personas y empresas a organizar los hechos, identificar riesgos, preservar evidencias, determinar las vías disponibles y actuar con una estrategia jurídicamente sustentada. Si entiende que ha sido víctima de una infracción o necesita preparar su organización frente al nuevo régimen de responsabilidad penal, puede para evaluar su caso.

Este contenido es informativo y no sustituye el análisis jurídico de un caso concreto. La calificación penal y la estrategia aplicable dependen de los hechos, las pruebas, la fecha de la conducta y las normas especiales relacionadas.

Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas de la República Dominicana

Mon, 28 Jul 2025 22:50:34 GMT

Visión General de la Ley

Esta ley establece el marco jurídico para la contratación pública en la República Dominicana. Su objetivo principal es garantizar la utilización eficiente de los fondos públicos, la satisfacción de las necesidades de interés general y los derechos fundamentales de las personas, promoviendo la transparencia, la sustentabilidad, el desarrollo sostenible y el uso de la tecnología. Deroga y reemplaza la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, así como el Decreto núm. 416-23.

In-Seguridad Social en la República Dominicana

Tue, 03 Oct 2023 14:12:50 GMT

¿Qué Puedes Esperar de "In-Seguridad Social"?

En este episodio, abordaremos una cuestión fundamental que nos concierne tanto a individuos como a empresas:

¿Qué impactos tiene la Seguridad Social en la República Dominicana, tanto para los que la aportan como para los que la reciben?

Para responder a esta pregunta, contaremos con la participación de un experto líder en este campo tan relevante, pero poco comprendido: Román E. Pichardo Félix. Con él, exploraremos y analizaremos en profundidad los aspectos más importantes de la Seguridad Social, sus beneficios y sus desafíos.

Si quieres saber más sobre este tema, no te pierdas este episodio de “In-Seguridad Social”. Te invitamos a escucharlo, compartirlo y comentarlo.

Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias - Actualizado

Fri, 27 Jan 2023 00:51:01 GMT

La Ley No. 45-20 sobre Garantías Mobiliarias (“Ley 45-20”), promulgada el 18 de febrero del año 2020 con la finalidad de establecer una normativa jurídica que fomente el uso de garantías mobiliarias, sobre todo como una herramienta de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. De manera especial, esta nueva ley establece un sistema y régimen de publicidad y registro electrónico que permite contar con una vía de ejecución más rápida y eficaz para el retorno de sus capitales.

I. Objeto y Ámbito de Aplicación

La Ley No. 45-20 sobre Garantías Mobiliarias (“Ley 45-20”), promulgada el 18 de febrero del año 2020, tiene por objeto establecer el marco jurídico del régimen de garantías mobiliarias, el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, los procesos de ejecución de las mismas, así como el régimen legal unitario para la constitución, efectividad, publicidad, registro, prelación, ejecución y todo lo relacionado a dichas garantías mobiliarias.

La Ley 45-20 rige en todo el territorio nacional y su aplicación regula el acceso a los créditos y a los valores e instrumentos financieros regulados en la Ley del Mercado de Valores, siempre que no intervenga o se emita una normativa o regulación especial para tales fines. No obstante, el régimen de garantías mobiliarias referido en la Ley 45-20 no será aplicable a las aeronaves, buques o bienes que en virtud de la ley son objeto de hipoteca.

II. Carácter Unitario de Régimen de Garantías Mobiliarias

Se entenderá como garantía mobiliaria en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, a todos los derechos preferentes que se constituyan sobre bienes muebles, tales como la prenda, prenda universal, cesión de derechos en garantía, prenda con desapoderamiento y sin desapoderamiento o cualquier otro comprendido bajo el concepto unitario de garantía mobiliaria, aplicándosele, por lo tanto, las normas de la presente ley a partir de su entrada en vigencia.

III. Constitución de las Garantías Mobiliarias

Las garantías mobiliarias a las que se refieren la Ley 45-20 pueden constituirse: (i) por acuerdo entre las partes en un pacto o un contrato, (ii) por disposición de la ley; o, (iii) por disposición judicial.

La garantía mobiliaria puede constituirse sobre los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, derecho al pago de dinero en virtud de depósitos y líneas de crédito, de la calidad de socio sobre acciones, cuotas y partes de interés o participaciones representativas del capital de sociedades civiles o mercantiles. Asimismo, se pueden constituir garantía mobiliaria sobre bienes y derechos futuros.

Una vez constituida, la garantía mobiliaria otorga al acreedor garantizado los derechos inherentes al derecho real preferente de garantía, conforme la presente ley.

Las personas físicas, jurídicas o patrimonios autónomos que ejercen un legítimo derecho de posesión sobre los bienes sujetos a inscripción en un registro especial, podrán constituir garantía mobiliaria sobre dichos bienes, cuando al momento de la constitución aparezcan como titulares de estos en el registro especial.

La garantía mobiliaria no requiere de formalidades para su constitución, ya que puede documentarse en escritura pública, en documento privado, con o sin firmas legalizadas, en documento electrónico con o sin firma digital; mientras preserve su contenido en forma reproducible o en cualquier forma escrita que deje constancia de la voluntad de las partes de constituirla.

IV. Requisitos del Contrato de Garantía Mobiliaria

La Ley 45-20 establece que el contrato o pacto que constituya una garantía mobiliaria deberá reunir ciertos requerimientos mínimos dentro de los cuales se pueden enunciar los siguientes: (i) nombre, denominación o razón social del deudor garante y del acreedor garantizado, así como sus documentos de identidad; (ii) el número de inscripción asignado en el registro, según corresponda; (iii) la manifestación que contenga la constitución de la garantía mobiliaria; (iv) el monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria o la forma de determinar esa cantidad; (v) descripción de los bienes en garantía y de los bienes derivados; (vi)la autorización del deudor garante al acreedor garantizado para la inscripción de la garantía mobiliaria; (vii) entre otros.

El pacto contractual o el contrato por el cual se constituye una garantía mobiliaria podrá constar en idioma español o en otro idioma. No obstante, en este último caso y para los efectos de su ejecución, deberá ser traducido al idioma español por un traductor de conformidad con la Constitución y las leyes de la República Dominicana.

V. Publicidad y Oponibilidad

Los derechos conferidos por la garantía mobiliaria serán oponibles frente a terceros desde el momento en que se ha cumplido con el requisito de publicidad. Si se trata de garantías mobiliarias sin posesión, se les dará publicidad por medio de su inscripción en el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias.

En los casos de garantías mobiliarias con posesión, salvo que las partes acuerden que la publicidad se logra por la inscripción electrónica en el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias, serán oponibles frente a terceros por la entrega de los bienes en garantía al acreedor garantizado o a un tercero designado por éste, quien tendrá la posesión o control del bien mueble. La Ley 45-20 establece diferentes formas y reglas de publicidad de acuerdo al tipo de garantía mobiliaria otorgada por el deudor garante al acreedor, por lo que deberán observarse para cada caso en particular.

VI. Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias

El Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias es un archivo electrónico de acceso remoto por el cual se publicitan garantías mobiliarias de conformidad con la presente ley. La plataforma que contiene el archivo electrónico denominado Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (“SEGM”) estará regido por la presente ley, por el reglamento que para su operación será emitido a solicitud del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes por el Poder Ejecutivo, por las normas complementarias emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y por las demás disposiciones internas que se emitan para su operatividad.

Joel S. Paulino Dorrejo se integra al equipo de consultores de Proreclamador

Sat, 24 Sep 2022 19:57:57 GMT

República Dominicana. El abogado Joel S. Paulino Dorrejo ha sido incorporado, como experto en Derecho de las Telecomunicaciones, Laboral y Consumo, a la firma Proreclamador - Servicios Legales Estratégicos. Antes de formar parte del equipo de consultores de Proreclamador, Paulino Dorrejo, laboró en las áreas de denuncias, reclamaciones, públicidad engañosa, contratos, conciliación y litigios del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) que es el organo regulador en materia de consumo en la República Dominicana.

En sus más de 12 años de experiencia, el abogado que posee una maestría en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid, ha prestado servicios a clientes corporativos, institucionales e individuales en las areas de Derecho Laboral y Derechos de las Telecomunicaciones.

"Proreclamador es una firma innovadora, poderosa, y sobre todo, forjada en valores éticos que pone a sus clientes en el centro de todas sus decisiones. Eso le ha permitido exceder las expectativas de sus relacionados aportando soluciones y resolviendo problemas complejos. Yo tengo mucha experiencia en eso y es lo que traigo a la mesa, desde el punto de vista institucional, porque he colaborado por más de 10 años con el organo que regula todo lo relacionado al sector consumo en la República Dominicana." dijo Paulino Dorrejo en la recepción llevada a cabo en las instalaciones de Proreclamador para anunciar su incorporación a la firma.

Enmanuel Santiago Enc.

Tue, 18 Feb 2020 00:51:01 GMT

Enmanuel Santiago Enc.: Es un abogado especialista en regulación económica, administrativa y social. Santiago es el fundador de PRORECLAMADOR y profesor de Derecho Constitucional de la UCSD.

Representación y asesoría: Enmanuel ha representado y asesorado, en regulación económica, administrativa y social; contratación pública y privada, inversión extranjera; derecho empresarial, administrativo y constitucional, a una amplia gama de clientes, incluyendo empresas, individuos y gobiernos. Asimismo, ha trabajado tanto en su práctica privada como desde el servicio público en la preparación y redacción de leyes, reglamentos e informes sobre temas jurídicos trascendentes.

Formación académica: Por la rigurosidad de su especialización posee una maestría en Derecho Empresarial – PricewaterhouseCoopers , una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público, un Postgrado en Transición Energética y Cambio Climatico y obtuvo un diploma universitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Además, ha realizado cursos sobre administración de finanzas públicas, alianzas público privadas e inversión del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, fue becario de The Office of Global Engagement-Utah State University (USU) , en Estados Unidos (EE.UU.) y del Mescyt.

Investigación jurídica y empresarial: En 2014, interesado en Teoría de los Contratos, APPs e Inferencia Causal, se mudó a Londres para estudiar los movimientos sociales y las mociones políticas que ulteriormente llevarían al referéndum de 2016. Posteriormente, se trasladó a España y participó en el Programa de Mejora Empresarial 2016, implementado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante.

Primeros años de formación: Mientras estudiaba derecho, participó en varios modelos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y foros internacionales. Laboró para el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia asistiendo a los jueces en algunos de los casos bancarios más importantes de la época del caso Baninter y el caso Progreso.

Activismo social: En 2007, participó en los Conversatorios Constitucionales que dieron lugar a la reforma constitucional de 2010.

PRORECLAMADOR Es una firma privada desarrollada para proteger intereses, gestionar riesgos y reclamar derechos. La firma integra derecho, regulación, gestión, inteligencia de datos y tecnología para anticipar problemas y ofrecer soluciones a tiempo.

La firma ayuda a personas, profesionales, empresas, instituciones y marcas a anticipar riesgos jurídicos y regulatorios, fortalecer sus sistemas de cumplimiento y responder ante situaciones capaces de afectar su seguridad y reputación.

En el 2020, durante la pandemia de COVID-19, Proreclamador se convirtió en la primera firma privada de la República Dominicana en ofrecer a las personas servicios de reclamaciones totalmente en línea y en introducir el modelo «solo cobramos si ganamos».

La visión de Enmanuel Santiago es acelerar el proceso de integración tecnológica del derecho y consolidar la seguridad jurídica en la República Dominicana, con apego a la ética y a la justicia social. Por eso, la misión de Proreclamador es usar la tecnología para ayudar a las personas, empresas e instituciones a tener acceso a protección jurídica de calidad y a reclamar desde cualquier lugar.

Ley 358-05 General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario - Síntesis

Mon, 17 Feb 2020 00:51:01 GMT

Ley 358-05 General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario

I. Naturaleza, objeto, ámbito y definiciones.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, en armonía con las disposiciones al efecto contenidas en las leyes sectoriales. En caso de duda, las disposiciones de la presente ley serán siempre interpretadas de la forma más favorable para el consumidor.

Las disposiciones referentes al derecho del consumidor y usuario son de orden público, imperativas y de interés social, y tendrán un carácter supletorio frente a las disposiciones contempladas en las leyes sectoriales.

II. A efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá por:

a)Aceptación: Es el consentimiento manifestado de la voluntad de contratar por parte del consumidor o usuario, de forma verbal o escrita o mediante el pago del bien o servicio.

b)Bienes duraderos: Son aquellos cuyas características les permiten ser utilizados sucesivamente hasta agotar sus propiedades durante su vida útil.

c)Bienes perecederos: Aquellos cuyo consumo en condiciones óptimas sólo puede tener lugar durante un período limitado de tiempo.

d)Consumidor o usuario: Persona natural o jurídica, pública o privada que adquiera, consuma, utilice o disfrute productos y servicios, a título oneroso, como destinatario final de los mismos para fines personales, familiares o de su grupo social. En consecuencia, no se considerarán consumidores o usuarios finales quienes adquieran, almacenen, consuman o utilicen productos o servicios con el fin de integrarlos a un proceso de producción, transformación, comercialización o servicios a terceros.

e)Consumo sostenible: Es la satisfacción de las necesidades del consumidor o usuario sin deteriorar su calidad de vida ni afectar negativamente o agotar el medio ambiente.

f)Demanda temeraria: Aquella que, sin existir violación de las disposiciones de la presente ley, pudiera ser interpuesta con el propósito de perjudicar una empresa o sector determinado.

g)Empresa: Toda persona natural o jurídica, pública o privada que realiza actividades económicas con o sin fines de lucro.

h)Producto: Cualquier bien mueble o inmueble, material o inmaterial, producido o no en el país, objeto de una transacción comercial entre proveedores y consumidores.

i)Oferta: Es la declaración o manifestación unilateral de la voluntad hecha pública a personas determinadas o indeterminadas, por parte del fabricante industrial, distribuidor, proveedor y comerciante de ventas, de ceder, vender, alquilar o prestar un determinado bien o servicio.

j) Órganos reguladores sectoriales: Todas aquellas entidades públicas creadas por leyes especiales responsables de organizar y asegurar la prestación de bienes y servicios, que deben tener políticas y programas específicos de protección a los derechos de los consumidores y usuarios de dichos servicios.

k) Promoción de ventas: Son actividades o acciones, complementarias a la publicidad, dirigidas a incrementar las ventas, ya sea en puntos de ventas directamente al consumidor, o bien al intermediario y/o al mayorista y que generalmente conllevan ofertas de algún beneficio extra o valor agregado para el sector del público al que van dirigidas.

l)Proveedor: Persona física o jurídica, pública o privada, que habitual u ocasionalmente, produce, importa, manipula, acondiciona, envasa, almacena, distribuye, vende productos o presta servicios en consumidores o usuarios, incluyendo profesionales liberales que requieran para título universitario, en lo que concierne comercializa o el mercado a los servicios su ejercicio un a la relación comercial que conlleve su ejercicio y la publicidad que se haga de su ofrecimiento o cualquier acto equivalente.

m) Publicidad: Es toda forma o medio de comunicación que directa o indirectamente es realizada por una persona física o moral, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de informar, motivar o inducir a la aceptación y/o adquisición de la oferta de bienes y servicios.

n)Servicio: Cualquier actividad o prestación que sea objeto de una transacción comercial entre proveedor y usuario, incluyendo las suministradas por profesionales liberales, conforme los términos de la definición de proveedor.

o)Organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y afines : Todas aquellas asociaciones constituidas conforme a las leyes de la República que tengan como actividad exclusiva o principal la difusión, promoción, gestión y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Se considerarán afines a las asociaciones de los consumidores, las asociaciones de amas de casa, juntas de vecinos, entidades profesionales, sindicales o medioambientales caracterizadas por asumir en forma destacada y continua la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

p) Secretos comerciales o industriales sometidos a reglas de confidencialidad: Cualquier información comercial no divulgada que una persona natural o jurídica posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. Se reconocerá como tal para los efectos de su protección cuando la información que la constituye no fuese, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva, y cuando haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

El fideicomiso público y su importancia

Wed, 01 Jan 2020 05:15:08 GMT

El fideicomiso público es un contrato mediante el cual el Estado, en su calidad de fideicomitente, transfiere bienes, derechos o recursos a una entidad fiduciaria, que se encarga de administrarlos en beneficio de un tercero o de un fin determinado. Este instrumento ofrece flexibilidad y eficiencia en la gestión de recursos públicos, permitiendo llevar a cabo proyectos de infraestructura, desarrollo social, financiamiento y otros, con mayor transparencia y agilidad.

La importancia del fideicomiso público radica en su capacidad para optimizar la utilización de recursos, al separar la gestión de los bienes del fideicomiso de la administración pública general. Esto facilita la ejecución de proyectos específicos, al tiempo que reduce los riesgos de corrupción y malversación de fondos.

Además, el fideicomiso público permite una mayor participación del sector privado en la financiación de proyectos de interés público, promoviendo la inversión y el crecimiento económico.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del fideicomiso público y evitar excesos, es crucial establecer una normativa clara y sólida que regule su constitución, funcionamiento y supervisión. Algunos aspectos clave a considerar son:

Regulación específica: Es importante contar con una ley que regule el fideicomiso público, estableciendo sus objetivos, estructura, y funcionamiento, así como los mecanismos de control y supervisión.

Transparencia: La ley debe garantizar la transparencia en la constitución y administración del fideicomiso, estableciendo la obligación de revelar información sobre sus contratos y actos públicos, de acuerdo con la legislación de acceso a la información pública.

Supervisión y regulación: La supervisión de los fondos públicos en un fideicomiso debe recaer en un ente gubernamental y en la Cámara de Cuentas, y estar sujeto a la normativa aplicable en materia de supervisión financiera y de valores.

Selección de proveedores y contrataciones: Los procesos de compras y contrataciones en el marco del fideicomiso público deben llevarse a cabo conforme a la legislación sobre compras y contrataciones públicas, para garantizar la transparencia y eficiencia en la asignación de recursos.

Sanciones administrativas: Es fundamental establecer un régimen de sanciones para las fiduciarias en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley y en el reglamento.

La prevención de excesos en el fideicomiso público no solo protege los recursos del Estado, sino que también fomenta la confianza en la figura del fideicomiso como mecanismo de financiamiento y administración de proyectos de interés público. Esto, a su vez, atrae la inversión privada y contribuye al desarrollo económico y social del país.

Por tanto, es esencial que los legisladores y reguladores estén atentos a las prácticas en la implementación de los fideicomisos públicos y estén dispuestos a ajustar la normativa y los mecanismos de supervisión según sea necesario. De esta manera, se garantizará que el fideicomiso público siga siendo una herramienta útil y eficaz para el avance y el progreso de la nación.

En última instancia, el éxito del fideicomiso público depende de un compromiso conjunto entre el Estado, las entidades fiduciarias y la sociedad en general, en favor de la transparencia, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos del desarrollo. Solo así, el fideicomiso público podrá cumplir con su propósito de mejorar la calidad de vida de la población y construir un futuro más próspero y sostenible.